La factura electoral de los ERE

¿Cómo afectan electoralmente los casos de corrupción a los partidos políticos? Si nos atenemos a este exhaustivo análisis de Álvaro Marchante, cada caso de corrupción le cuesta al partido implicado, de media, un 0,3% en el voto directo en el siguiente sondeo del CIS tras la aparición del escándalo en los medios de comunicación. Es decir, la corrupción les sale prácticamente gratis, demoscópicamente hablando.

Pero vayamos a votos reales. Los españoles votan más pensando en su bolsillo, que en el del vecino, llámese éste Bárcenas o Guerrero. A Felipe González no le echó del poder el caso Roldán (que sólo supuso la pérdida de un punto en intención de voto en el siguiente sondeo del CIS) sino la situación económica de España a mediados de los 90. Más cerca aún en el tiempo. El PP amplió su mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana en las elecciones autonómicas de 2011 a pesar del caso Gurtel y el PSOE sigue gobernando en Andalucía pese al escándalo de los ERE. ¿Razones? Los valencianos premiaron la imagen de prosperidad (Fórmula 1 y Copa América, incluidas) de su Comunidad, que luego vimos que no era tal. Los andaluces, por su parte, castigaron en las elecciones autonómicas de 2012 la subida de impuestos de Rajoy (especialmente, los de derechas, que se quedaron en casa) y la reforma laboral (sobre todo, los votantes de izquierdas). Es verdad que los andaluces sí pasaron una pequeña factura electoral al PSOE en forma de 9 escaños y seiscientos mil votos por los ERE, su mala gestión económica y sus conflictos internos. Pero que el escándalo que ha supuesto la mayor fuga de dinero público en España no haya supuesto la pérdida de poder de un partido político de izquierdas -al que se le supone mayor cuidado en el gasto público que a uno de derechas- y que éste perdiese las elecciones por un sólo punto de diferencia respecto al PP es sintomático de hasta qué punto los españoles miran por sus propios intereses económicos.

La última encuesta de El País sostiene que el PP no obtendría ahora mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana, hecho que sin duda se debe más a los duros recortes realizados por Alberto Fabra, tras conocerse el calamitoso estado en el que están las cuentas valencianas, que a la corrupción, que ya fue juzgada electoralmente en 2011 por los valencianos. No es atrevido pronosticar que las nuevas detenciones de la juez Alaya por los ERE tampoco tendrán un efecto electoral reseñable, más aún teniendo en cuenta su coincidencia en el tiempo con un escándalo del PP de gran repercusión mediática como es el caso Bárcenas.