De las cuentas autonómicas elaboradas por el Ejecutivo andaluz para el 2013 se pueden extraer dos rápidas conclusiones: por un lado, su voluntad de ofrecer un modelo social diferente al planteado por otras comunidades autónomas y por el mismo Gobierno central; y, por otro, su vocación de consolidar a la actual coalición de gobierno.
A pesar de ser unos presupuestos austeros (recorte del 4,1% respecto al año anterior), llevan un inequívoco sello de izquierdas. Es decir, la cuentas andaluzas responden al argumento esgrimido por Griñán de que dentro de la austeridad se pueden mantener las políticas de empleo, educación, sanidad y atención a la dependencia. Así, como no podía ser de otra forma en una región que, según la última Encuesta de Población Activa, tiene un 35% de paro, los Presupuestos de 2013 priorizan el empleo (más de 370 millones en esta partida presupuestaria). Pero también hacen un especial esfuerzo en educación (aumento de las becas en un 7% y gratuidad de los libros de texto) y en políticas sociales (incremento de pensiones no contributivas en un 2%). Todo ello a costa de frenar el gasto en inversión pública (que disminuye un 21%). Tanto el presidente de la Junta como la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, justifican esta reducción, por otra parte lógica, en que no sería comprensible que se construyesen “kilómetros de autovías” cuando “hay gente que no tiene para comer”.
Por otro lado, tras los comicios autonómicos de marzo, no estaba claro si Griñán conseguiría formar un gobierno con Izquierda Unida que durase toda la legislatura. A día de hoy, parece que la relación entre los socialistas y la coalición de izquierdas está bien engrasada. Esto se debe en buena parte a la generosidad de los primeros con su socio de gobierno, al que le han permitido incluir en los Presupuestos algunas propuestas estrella como un programa de acción social de 60 millones de euros destinado a desempleados sin recursos y a víctimas de la violencia de género y ligado a los ayuntamientos y un plan de rehabilitación de viviendas dotado de 45 millones de euros. Pero la vocación de permanencia del bipartito lo facilita sobre todo el posibilismo de Izquierda Unida a la hora negociar los presupuestos. La dirección andaluza de la coalición tiene perfectamente interiorizados dos porcentajes: el 85% de los militantes que apoyó en un referéndum formar gobierno con los socialistas andaluces y el 78% de sus votantes que, según la encuesta poselectoral del CIS, prefiere también esa opción. Valderas y su equipo no olvidan tampoco el castigo que su formación sufrió cuando allá por los años 90 obstaculizaron la acción de gobierno de Chaves apartándose así de los deseos de su electorado. Todo parece indicar que el Ejecutivo andaluz tiene más pilas que Duracell.
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